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Sacerdote, al ‘confesionario’ de la Fiscalía

Articulo tomado del Espectador edicion del fin de semana.

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La investigación por el asesinato de tres dirigentes políticos del Meta no para. La Fiscalía, a través de su Unidad Nacional de Derechos Humanos, parece estar dispuesta a todo a fin de aclarar quiénes fueron los autores intelectuales y materiales del homicidio de Éuser Rondón Vargas, ex candidato a la Gobernación del Meta y ex alcalde del municipio de El Dorado; Nubia Inés Sánchez Romero, ex diputada de Meta, y Carlos Javier Sabogal, ex gobernador del mismo departamento.

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En efecto, el miércoles pasado un fiscal especializado escuchó en indagatoria al sacerdote católico Jairo Antonio Fernández Torres, actual secretario de Educación del Meta, quien según la investigación judicial habría sido el determinador de los tres mencionados homicidios, perpetrados el 13 de septiembre del año pasado.

Según el expediente número 2.017 de la Unidad de Derechos Humanos, versiones de testigos y sindicados tienen contra las cuerdas al padre Fernández. Ellos sostienen que el religioso, hace seis meses, estuvo al frente de la planeación del triple homicidio.

“Varios testigos, al menos cinco, sostienen que antes del triple crimen hubo varias reuniones en las que se planeó todo. A ellas asistieron el padre Jairo Antonio Fernández y otras personas más. Esas otras personas de las que hablo, a su vez, pagaron la plata de los sicarios y de las otras cosas que necesitaron para cometer los tres asesinatos”, le dijo uno de los investigadores del caso a este periódico, el viernes.

La misma fuente aseguró: “Estamos ante una investigación sólida. Las pruebas que comprometen al padre Fernández son bastante fuertes y, por ahora, no tenemos duda de su participación en los hechos”. En la indagatoria del miércoles pasado, el religioso se mostró ajeno a los cargos que se le imputaron y, por el contrario, calificó de infames e injustas las versiones de los testigos que lo comprometen. Fernández fue indagado por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado en calidad de determinador.

Hasta el momento, diez personas se encuentran vinculadas a la investigación. “Tenemos capturados a todos los autores materiales de los hechos y dentro de poco haremos lo propio con los intelectuales”, aseveró el investigador de la Fiscalía General de la Nación.

El Espectador pudo establecer que una de las personas que participaron en las reuniones en las que al parecer se planearon las muertes de los tres políticos del Meta, es Francisco Byron Martínez Aristizábal, quien fue capturado el jueves de la semana pasada.

Los hechos

Éuser Rondón Vargas, Nubia Inés Sánchez Romero y Carlos Javier Sabogal Mojica habían llegado hasta una estación de gasolina del municipio de Briceño (Cundinamarca) y allí, sin escoltas, se internaron en una finca para supuestamente hablar con el entonces jefe paramilitar Miguel Arroyave. Horas después, los cadáveres de los tres jefes políticos del Meta fueron encontrados por las autoridades.

Compañeros lo defienden

La noticia de la vinculación del religioso no ha podido aún ser digerida por sus jefes y compañeros de trabajo. El Espectador consultó la opinión del gobernador del Meta, Edilberto Castro Rincón, sobre la indagación formal que la Unidad de Derechos Humanos hizo respecto de su secretario de Educación. “Sobre la decisión de la Fiscalía no puedo opinar y sólo puedo decir que la respeto y la acato. Sin embargo, sigo confiando plenamente en el padre Fernández. Tanto que, pese a estar detenido, sigue siendo el secretario de Educación. Él es un hombre honesto y trabajador”, dijo.

El arzobispo de Villavicencio, monseñor Octavio Ruiz Arenas, aunque advirtió que nunca ha tenido trato laboral con el padre Fernández, conceptuó que le parecía descabellado que se sindicara a un sacerdote católico del asesinato de tres personas. “En el poco contacto que tuve con él, siempre me pareció un hombre decente”.

Y es que monseñor Ruiz Arenas nunca tuvo bajo su mando al padre Fernández. De hecho, el sacerdote hoy cuestionado, antes de ponerse al frente de la Secretaría de Educación del Meta, pertenecía a la Diócesis del municipio de Granada. Es más, según el gobernador Castro Rincón, el obispo de Granada, monseñor José Figueroa Gómez, autorizó a Fernández para que asumiera la jefatura de la cartera de Educación de ese departamento.

Otro de los compañeros de gabinete del padre Fernández, que pidió el anonimato, lo definió como “un excelente compañero de trabajo y un incomparable trabajador. Yo, realmente, no entiendo qué bases puede tener la Fiscalía para hacer una acusación tan grave. Lo que sí sé, es que todo este enredo de odios es por cuestiones políticas. No me cabe en la cabeza que el padre Fernández esté metido en la muerte de alguien. Eso es imposible”.

“Confiamos en él”

Aunque la sindicación que le hace la Unidad de Derechos Humanos al padre Fernández es poco común y, sin duda, se puede calificar de un tema de palabras mayores, lo cierto es que el último año no ha sido fácil para el religioso ni para sus compañeros de gabinete en la Gobernación del Meta.

En julio pasado, la Unidad Investigativa de El Espectador publicó un informe que daba cuenta de un aparente acto de corrupción de la Gobernación del Meta. El informe periodístico aseguraba que en mayo de 2004 muchos niños llaneros recibieron como obsequio un morral de lona y un paquete de útiles escolares. Pero lo que se proyectó como un gesto social, terminó convertido en un escándalo en Villavicencio. El motivo: el millonario costo del regalo ($ 4.884 millones) y los injustificables errores ortográficos incluidos en parte del material pedagógico.

El caso llegó a la Fiscalía y uno de los afectados por la investigación fue el sacerdote Jairo Antonio Fernández Torres, en calidad de secretario de Educación del Meta, quien a finales del año pasado fue privado de la libertad y recluido en la Cárcel Distrital de Villavicencio. Allí, en los próximos días le dirán si le dictan o no medida de aseguramiento por el homicidio de los tres políticos de su departamento.