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Llaman a juicio a cinco militares del Batallón General Serviez del Ejército por

La Fiscalía tomó la decisión al hallarlos responsables de la muerte de los hermanos ganaderos Libardo y Jorge Eliécer Villamil Hurtado.

A ellos les habrían disparado por la espalda a corta distancia con armas de largo alcance y despojado de 150 millones de pesos, según las pruebas técnicas que reposan en el expediente.

Como presunto autor del hecho, un fiscal de Villavicencio acusó al teniente Dairo Clemente Fajardo Barco. Según la resolución de acusación, el oficial habría determinado la comisión de los homicidios, suprimido y ocultado documentos, en concurso con el delito de apropiación.

La decisión también afecta a los cabos Fabio Orlando Vargas Higuita y José Antonio Mena Mosquera, y a los soldados Nolberto Martínez Aguilera y Marco Enrique Moreno Abril, por homicidio agravado, peculado por apropiación y favorecimiento.

La muerte de los ganaderos, así como de Holman Orlando Isairías, uno de sus conductores, ocurrió el 24 de noviembre del 2003 en el cruce La Calandria, a hora y media del casco urbano de San Martín (Meta).

Los hermanos Villamil Hurtado se dirigían en sus camionetas Toyota Land Cruiser por una vía veredal hacia Puerto Concordia, desde donde pretendían tomar la vía principal hacia San José del Guaviare, su destino final.

Tras la muerte de las tres personas, y de otra que no ha sido posible identificar, el Ejército ofreció una rueda de prensa y dijo que se trataba de integrantes del Bloque Centauros de las autodefensas, señalando que habían muerto en combate en las sabanas de San Martín, en desarrollo de la operación ‘Feroz’.

No obstante, según la versión entregada por la familia Villamil a las autoridades, los hermanos eran reconocidos ganaderos y coleadores en San José del Guaviare, que llevaban camufladas en las llantas de sus vehículos, en bolsas negras, 150 millones de pesos, producto de la venta de ganado a un comerciante de Acacías.

La Fiscalía estableció que uno de los ganaderos, antes de ser asesinado, llamó a sus familiares por celular y les informó de un retén militar en el área.

En el expediente también están consignadas las declaraciones según las cuales a las víctimas les quemaron documentos de identificación y salvoconductos para el porte de armas de uso personal.

Los militares sindicados están recluidos en las cárceles de seguridad de Cómbita (Boyacá), La Picota (Bogotá) y La Dorada (Caldas).

En desarrollo del mismo caso se conoció que el sargento segundo Jorge Armando Bernal, así como los soldados Marco Enrique Moreno, Giovani León y Carlos Alberto Moreno, se acogieron a al figura de la sentencia anticipada tras confesar los hechos.

Adicionalmente, la Fiscalía investiga preliminarmente a otros 23 militares por el mismo caso.

Publicado por el Tiempo.