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Confirman destitución del alcalde de Villavicencio, Franklin Germán Chaparro

La Procuraduría General de la Nación lo inhabilitó durante 10 años para ejercer cargos públicos.

La entidad lo halló responsable por no velar por el debido cumplimiento de las funciones delegadas a la Secretaría de Salud, en los contratos para administrar los subsidios del régimen de salud.

El fallo, de segunda instancia, tomado por el despacho del procurador general de la Nación, Edgardo Maya, también afectó a la ex secretaria de Salud, Claudia Patricia Gutiérrez Baquero, a quien destituyó e inhabilitó por un período de 12 años.

Los contratos los suscribió la Administración Municipal el primero de abril del 2004, con las Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS) Manexca y Tayrona (Etnofuturo).

Esas entidades, en ese momento, no estaban a paz y salvo con los proveedores de bienes y prestadores de servicios de salud, entre ellos con el Hospital Departamental de Villavicencio, señala el fallo.

Esa circunstancia las inhabilitaba para poder inscribirse en el municipio y contratar para administrar el régimen subsidiado, advierte la Procuraduría.

En la misma fecha la administración municipal también contrató con la ARS Comfacor, Caprecom y Cajacopi.

La Procuraduría también estableció que a las ARS afectadas porque no les prologaron los contratos, SolSalud, SaludTotal y SolVida, no se les dio la oportunidad de interponer los recursos de Ley, ya que no fueron notificadas oportunamente del acto administrativo.

Para el despacho del Viceprocurador General de la Nación esos hechos representan una clara violación al debido proceso.

El Ministerio Público también estableció que al suscribir los contratos con las cuatro ARS, en marzo del 2004, no se repartió en partes iguales el número de usuarios, en cada una de las administradoras del régimen subsidiado.

Además no adoptó las medidas tendientes a evitar o corregir las irregularidades que se presentaron, como era su deber.

“El mandatario ha debido reasumir sus funciones y revocar los actos irregulares”, reza el documento. Contra esta decisión no procede recurso alguno.