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ALERTA EN VILLAVICENCIO POR EL AUMENTO DE LA INSEGURIDAD.

Mientras las autoridades buscan combatir la delincuencia organizada, 216 concejales en el departamento están amenazados y aumenta el índice de asesinatos y robos a ciudadanos.

A José Beltrán (*) tratar de recuperar su moto robada en un atraco le costó la vida. Hoy, su hermano Mauricio (*) está bajo amenaza por el mismo hecho.

La razón: una banda criminal se ‘cobró’ con la vida de José la denuncia que hoy tiene a integrantes de esa organización delictiva tras las rejas.

Con actuaciones como esta, la delincuencia organizada pretende acorralar a los ciudadanos para que no denuncien.

El caso fue uno de los que más preocupó a las autoridades de Villavicencio en un reciente consejo de seguridad en el que se pusieron en evidencia graves hechos delictivos (elevado número de atracos y el robo masivo hace una semana en inmediaciones del cementerio), que tienen a sectores de la ciudad ad portas de convertirse en zonas tan críticas como la comuna 13 de Medellín o como algunos lugares de Soacha, en las goteras de Bogotá.

De hecho, es tal la ‘salida de madre’ de la delincuencia que las autoridades han tenido que emplearse a fondo para identificar a organizaciones criminales que se han especializado en determinados delitos, lo mismo que a sus cabecillas.

Para ponerles freno, autoridades civiles, judiciales y policiales están trazando estrategias y planes para poner en marcha en el inmediato futuro.

Por ahora, lo más urgente es endurecer los controles para que se cumplan las leyes que ordenan tanto la prohibición de parrilleros hombres en moto, el porte de armas sin salvoconducto y la extinción de bienes relacionados con delitos como el narcotráfico y el tráfico de armas.

Incluso, durante el citado consejo de seguridad se acordó exigirles a las autoridades policiales resultados más contundentes frente a la criminalidad.

Pero la seguridad de Villavicencio no fue lo único que causó alarma en la reunión.

Las amenazas que pesan sobre 216 concejales en el departamento también llevó a pedir medidas concretas que garanticen la integridad física de los cabildantes, y más ahora, cuando arrecian las intimidaciones por el proceso electoral que se avecina.

La situación es tan crítica que incluso se planteó declarar una urgencia manifiesta para conseguir los 600 millones de pesos que se requieren para reparar 30 cámaras de seguridad.

Además se está organizando una sesión del Concejo, al que asistirá como invitado el comandante de la Policía Meta, para analizar soluciones a la ya crítica inseguridad de la ciudad.

(*) Nombres ficticios por seguridad de las víctimas

Fuente: www.eltiempo.com